Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las cárceles de Puebla son las quintas con las condiciones más deficientes en todo el país. La calificación estatal promedió 5.35 puntos, lo que posicionó a las 19 cárceles evaluadas en el quinto lugar en términos de condiciones de reclusión. Si quieres saber más, no te pierdas esta nota de El Universal Puebla.
El estado de Tabasco obtuvo el peor puntaje, con 4.27 puntos, seguido por Quintana Roo con 4.84 puntos. Zacatecas ocupó el tercer lugar con 5.03 puntos, mientras que Guerrero se ubicó en el cuarto lugar con 5.18 puntos. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las cárceles administradas por las entidades señaladas no aseguran la integridad ni proporcionan una estancia digna para las personas privadas de libertad.
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Según el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el penal de San Miguel en Puebla capital ha sido uno de los que reprobó en el diagnóstico. El Centro Estatal de Reinserción Social recibió una calificación de 4.94, por debajo del promedio estatal.
Durante la revisión, la CDH Puebla hizo recomendaciones específicas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sobre diversas deficiencias en el penal, incluyendo, deficiencias en los servicios de salud, separación insuficiente entre hombres y mujeres. Falta de medidas preventivas y atención en casos de violaciones a los derechos humanos y hacinamiento y sobrepoblación. Estas condiciones fueron observadas también en los otros 19 penales del estado. El Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán fue el mejor evaluado por la CDH Puebla dentro de estas instalaciones.
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Los derechos humanos aseguran que todas las personas, incluidos los reclusos, sean tratados con dignidad y respeto. Esto implica condiciones de vida que no atenten contra la integridad física, emocional y psicológica de los individuos. Además los derechos humanos protegen contra el abuso y la tortura. Las normas internacionales y nacionales garantizan que no se utilicen métodos coercitivos o degradantes en el trato hacia los reclusos.
En resumen, los derechos humanos en las cárceles son esenciales para garantizar que el castigo impuesto a los reclusos se realice de manera justa y humana, promoviendo al mismo tiempo la rehabilitación y la reintegración efectiva de las personas a la sociedad una vez cumplida su condena.