El estado de Puebla cuenta desde este 2 de marzo con una reforma que tipifica y sanciona la violencia ácida, luego de que se aprobó la iniciativa en el Congreso local, entre reclamos y algunos señalamientos.
La iniciativa se concretó luego de tres propuestas que surgieron de los diputados Tonantzin Fernández Díaz del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Aurora Sierra Rodríguez, del Partido Acción Nacional (PAN) y de Néstor Camarillo Medina, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los tres legisladores impulsaron conversatorios con especialistas y víctimas, por lo que se acordó: tipificar este delito, sancionarlo con hasta 40 años de prisión y considerar los ataques de ácido como tentativa de feminicido.
La aprobación, sin embargo, estuvo marcada por hechos como la inconformidad de la activista Elena Ríos, quien, acompañada de otras promotoras de los derechos de las mujeres, ocupó un espacio en tribuna.
Cuando la reforma fue aprobada, tomó la palabra para expresar que faltaba contemplar mecanismos para atender el impacto que generan esos ataques a las víctimas, pero fue interrumpida por el también presidente de la Mesa Directiva, Néstor Camarillo.
En entrevistas posteriores, la activista señaló que egos políticos no permitieron contar con una reforma más completa y criticó que en alguna ocasión el priista se hubiera referido a ella como la oaxaqueña.
Por su parte, Néstor Camarillo ofreció una disculpa, pero explicó que se debía hacer cumplir las reglas internas del Congreso que no permiten ese tipo de intervenciones y sostuvo que se trataba de un avance sin colores partidistas.
Las activistas que han trabajado sobre el reconocimiento de la violencia ácida en el país expusieron que éste era un logro, pero que aún falta el reconocimiento a nivel nacional para endurecer sanciones y fijar parámetros generales.