El linchamiento ocurrido en Huauchinango el viernes 10 de junio en el que murió el joven Daniel Picazo, revivió un tema de crisis de seguridad pública que en el Congreso de Puebla ha sido abordado sólo en comparecencias y en un punto de acuerdo, sin que se haya planteado una sola reforma para prevenir esa práctica.
Así se pudo constatar en una revisión realizada a las actividades tanto de los actuales diputados como de la anterior Legislatura del periodo 2018-2021.
En las glosas de gobierno de esos años, los entonces titulares de la Secretaría de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, Fernando Manzanilla Prieto y David Méndez Márquez fueron cuestionados por los diputados al respecto.
En los dos primeros casos destacaron numeralias de intentos y linchamientos consumados, mientras que para la glosa de 2020, Méndez Márquez resaltó por primera vez los resultados de un protocolo.
Se trató del Nuevo Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamiento en el Estado de Puebla, un documento signado en 2019 por Manzanilla Prieto cuando fue secretario, pero que tuvo los primeros balances tras su renuncia al cargo.
Además de las comparecencias, algunos diputados se subieron al tema en la anterior Legislatura con anuncios de reformas, llamados a comparecencias extraordinarias y un punto de acuerdo.
En agosto de 2019, tras los linchamientos en Cohuecan y Tepexco, el entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, anunció acciones.
El exlegislador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) comentó que fortalecerían el presupuesto del 2020 para seguridad pública y que habría una reforma propuesta por el Ejecutivo, pero no se concretó.
Ante estos hechos también alzó la voz el entonces legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier Casique Zárate, quien dijo que como oposición pedirían una comparecencia extraordinaria de funcionarios involucrados.
Tras un 2020 que dejó nueve fallecimientos por linchamientos, a inicios del 2021, Armando García Avendaño, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó un punto de acuerdo con un llamado a la prevención.
Este se aprobó meses después y buscó promover acciones que frenen los actos de violencia colectiva en la entidad o linchamientos, con la finalidad de preservar el orden público, la paz y la estabilidad social.