Un monto de 220 millones de pesos, equivalente al 22.6 por ciento del presupuesto de ingresos de Tehuacán para este 2023, tendrá que pagar el gobierno municipal tras perder un juicio que les heredó la exalcaldesa, Ernestina Fernández Méndez.
Se trata de un proceso entre el ayuntamiento y Recolección de Basura Olimpia S.A. de C.V. que estuvo a cargo de la recolección de residuos durante 17 años, pero que en noviembre de 2018 anunció una suspensión de labores.
De acuerdo con lo dado a conocer por la empresa, en ese entonces no habían recibido pagos previstos en su contrato durante los tres años previos en los que gobernó Ernestina Fernández Méndez del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Tras el incumplimiento, Olimpia inició un juicio que se perdió y que podría obligar a la actual administración de Pedro Tepole Hernández del Partido del Trabajo (PT) a liquidar el pago.
Según lo expuesto por la síndico, Paulina Enecoiz Garci-Crespo el 21 de marzo, la deuda se compone de la exigencia original por incumplimiento de 50 millones de pesos, la deuda original de otros 42 millones y el resto de intereses y gastos legales.
Tanto Pedro Tepole como ella, agregó, ya tuvieron dos reuniones con los representantes de la empresa para poder negociar esa diferencia de 128 millones de pesos que ha acumulado el juicio.
"Se traen ahí negociaciones en cuanto a los intereses y los gastos jurídicos para que podamos nosotros erogar lo menos que podamos", dijo.
El monto a pagar por este juicio perdido no es menor si se considera que los recursos que el segundo municipio más grande de Puebla tiene para gastar en 2023 ascienden a 971 millones de pesos.
También es superior a los 153.7 millones de pesos que, por ejemplo, el gobierno del estado invirtió en 2022 para obras de Tehuacán que incluyeron una biblioteca y la rehabilitación de vialidades, una alberca y un libramiento.
El juicio con Olimpia no fue lo único que marcó la gestión de la priista Ernestina Fernández, pues incluso a finales de 2021 el Congreso determinó iniciar procedimientos administrativos en su contra por irregularidades en cuentas públicas