Desde que Norma Layón Aarun llegó al gobierno de San Martín Texmelucan, en octubre de 2018, y pese a los cuestionamientos hacia su administración, sólo nueve servidores públicos han sido sancionados por distintos motivos.
Así se pudo constatar en una consulta a las obligaciones de ley publicadas por este gobierno emanado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Según el sitio, en el último trimestre de 2018, en todo 2019 y hasta septiembre de 2022, la administración de Layón Aarun no sancionó a ningún servidor público.
Las únicas nueve sanciones se resolvieron al inicio del 2020, siete fueron para policías, otra más para un analista de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, así como otra para un regidor del trienio pasado.
A los funcionarios se les amonestó en privado por omitir presentar su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses en la etapa de conclusión del periodo.
Estas nueve sanciones a servidores públicos contrastan con las declaraciones de Layón Aarun y mandos policiacos sobre despidos de uniformados relacionados con presuntos actos de corrupción.
Asimismo, los datos contrastan con hechos polémicos que la administración morenista ha enfrentado a lo largo de un primer trienio y lo que va de la reelección.
Esto, por policías que han sido videograbados por ciudadanos al cobrar mordidas y que incluso han reaccionado violentamente contra quienes buscan evidenciar los hechos.
A días de que la morenista rindiera su primer informe de labores, durante una Sesión de Cabildo celebrada en septiembre de 2019, los regidores le cuestionaron que los ciudadanos fueran víctimas de actos de corrupción por parte del personal de tránsito.
Para febrero de 2020, la misma Layón Aarun reconoció en una entrevista que se había despedido a más de 40 policías por irregularidades y que se trabajaba en su profesionalización.
En abril de año asumió el cargo de comisario del municipio, Jorge Alberto Ramos Cruz, quien meses después se vio involucrado en actos de corrupción y a la postre, incluso fue sujeto a una orden de aprehensión junto con otros elementos policiacos.
A finales de agosto de 2020, dos empresarios de Texmelucan fueron agredidos por uniformados cuando grababan un presunto acto de corrupción de la policía municipal contra un trailero que circulaba en el municipio.
Los hechos generaron inconformidad tanto del sector empresarial, como de los ciudadanos, quienes acusaron una constante situación de acoso a automovilistas en vía pública.
Por esos mismos días, a Ramos Cruz se le vinculó también con un audio en el que supuestamente cobraba medio millón de pesos a la familia de un secuestrado.
Sin embargo, la administración texmeluquense aseguró con un video en redes sociales que era una falsa acusación con miras a proteger delincuentes.
Aunque se deslindó de este hecho, Ramos Cruz renunció al cargo en los primeros días de septiembre y para junio del siguiente año se le giró una orden de aprehensión.
Uno de los ciudadanos agredidos al videograbar a policías dio a conocer que él y otros otros tres exintegrantes de la policía habían sido señalados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de abuso de autoridad, tratos crueles e inhumanos y robó agraviado contra un ciudadano.
Sobre estos hechos destaca que en marzo de 2021, la alcaldesa encabezó un acto de disculpa pública a un ciudadano que fue golpeado y torturado por policías municipales cuando grababa un presunto acto de corrupción.
