Al término del primer periodo ordinario de la nueva legislatura, el Congreso todavía no ha hecho públicos los contratos para controlar los contagios de COVID-19.
Ante el anuncio de que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes y al menos un trabajador se contagiaron, se difundieron acciones de limpieza. Después, este miércoles se sumaron dos diputados contagiados: Daniela Mier Bañuelos y Eduardo Castillo.
Esto también, en el marco del arranque del segundo periodo ordinario que está programado para mediados de enero.
Previo a estas acciones de limpieza la actual legislatura ya había difundido la realización de pruebas rápidas para los asistentes a las sesiones.
Sin embargo, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no detalla hasta ahora ninguno de los contratos de prestación de servicios relacionados con COVID-19 u otros fines.
Los últimos contratos realizados por el Congreso de los cuales da cuenta el sitio corresponden a los últimos meses de la anterior legislatura.
Estos son un contrato de sanitización para los meses de julio, agosto y septiembre por el que se pagaron 392 mil 80 pesos; otro para limpieza profesional entre octubre y septiembre de 605 mil 380 pesos; y otro para pruebas rápidas de julio a septiembre, por 398 mil pesos.
Entre marzo de 2020 y junio de 2021 la anterior legislatura acumuló también otros seis contratos que sumaron, en cambio, 5 millones 140 mil 206 pesos.
Los mismos incluyeron la distribución de kits de protección y su entrega, pruebas rápidas y servicios de limpieza.