Luego de que el gobernador Miguel Barbosa dio a conocer supuestos acuerdos entre exlíderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el exauditor Francisco Romero Serrano para involucrar a alcaldes en actos de corrupción, la actual dirigencia estatal se deslindó y pidió la aplicación del estado de derecho.
En un breve comunicado de apenas cuatro párrafos, el comité presidido por Néstor Camarillo Medina, expuso este martes que desconoce los actos de corrupción y que en todo caso, se deben investigar presuntos delitos cometidos a título personal.
"En este sentido, las supuestas acciones que algunos actores políticos de forma personal hubieran podido llevar a cabo, de comprobarse, no representan en ningún momento al PRI, por lo cual nos deslindamos de cualquier comportamiento que ponga en entredicho la honorabilidad de nuestro instituto político", señala el texto.
Asimismo, reiteró que tienen un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en las que se concentra el trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Tras concretarse la semana pasada la destitución de Romero Serrano por los procesos que enfrenta por violencia familiar y uso de recursos de procedencia ilícita, versiones periodísticas señalaron un red de corrupción que involucraría a los exdiputados locales Javier Casique Zárate y Jonathan Collantes Cabañas.
