Las leyes de ingreso municipales para 2023 y el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) comienzan a ser discutidas en los ayuntamientos y en el Congreso de Puebla, sin que hasta la fecha se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad promovidos este año.
El alcalde Eduardo Rivera Pérez recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues a Puebla se le negó el cobro, mientras que diferentes actores recurrieron a esta estrategia inconformes por la aprobación en otros municipios.
Sin embargo, los mismos antecedentes de la corte advierten que este tipo de resoluciones se concretan hasta 10 meses después de promoverse y con los cobros realizados mes con mes.
Un ejemplo de ello, fueron las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra diversas leyes de ingresos de Puebla en el ejercicio fiscal de hace dos años.
Las leyes de ingresos con los cobros del DAP fueron aprobadas por el Congreso a finales de noviembre de 2019, pero fue hasta enero de 2020 que la comisión recurrió a la SCJN y hasta el 19 de noviembre de ese año se resolvió la inconstitucionalidad.
En esa resolución, los magistrados determinaron que el cobro del DAP era inconstitucional, pues se pretendía tratar como un derecho lo que constituía un impuesto.
Asimismo, la SCJN de la Nación resolvió en la resolución que era un gravamen que únicamente corresponde establecerlo al Congreso de la Unión y no a los locales como el de Puebla.