Revocar la privatización del agua y el contrato con Concesiones Integrales Agua de Puebla para Todos ha sido una promesa incumplida en el Congreso por parte de los diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Cuando se lanzaron a campaña en 2018, los candidatos de esta fuerza política a los diferentes cargos públicos tomaron la bandera de echar abajo los acuerdos con la empresa, pero ya en funciones, en el Congreso se dejó de lado, a nivel estatal se argumentaron altos costos y en el municipio se formalizaron dictámenes para justificar la revocación.
Apenas dos semanas después de haber rendido propuesta se presentó una iniciativa al respecto, aunque por parte de José Juan Espinosa Torres quien llegó en alianza con Morena, pero bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT).
El diputado planteó reformar dos artículos de la Constitución de Puebla para proteger el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua mediante facultades a los ayuntamientos; con ello se llegaría a revertir la concesión y se obligaría a expedir una nueva ley de aguas.
Sin embargo la propuesta se quedó congelada, Espinosa Torres se alejó con los meses del bloque morenista y en este grupo que representaba a la mayoría se argumentaron los altos costos que tendría retirar la concesión a la empresa como también se sostuvo desde la administración estatal.
A la par, en el gobierno municipal de Claudia Rivera Vivanco se emitieron 16 dictámenes sobre irregularidades en el servicio público de los que se informó al Congreso y ahora como expresidenta, argumenta que siguen siendo útiles para valorar una revocación.
Luego de que hace unos días el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunciara que irían contra la concesión por irregularidades en el servicio, el presidente de la Junta de gobierno y Coordinación Política, Sergio Céspedes Peregrina, dijo que revisarán la estrategia legal y los alcances del Congreso.
