El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, confirmó que se sumó formalmente a los reclamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que declare inconstitucional una ley federal que busca fijar un porcentaje para el gasto en Comunicación Social.
Se trata de las reformas a la Ley General de Comunicación aprobadas a finales de 2022 que forman parte del denominado Plan B de la Reforma Electoral.
Según lo expuesto por el presidente municipal, se presentó un recurso desde la Sindicatura y otro más desde la Asociación de Ciudades Capitales, un grupo plural que incluso tiene a representantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
"Participo en este grupo de asociaciones, en la Asociación de Ciudades Capitales donde también hay alcaldes de Morena y sí se manifestó una expresión unánime, podría decir, de varios alcaldes de diferentes extracciones partidistas", dijo.
Lo que buscan manifestar como alcaldes, dijo, es que se les reconozca la autonomía en la toma de decisiones financieras y la división de órdenes de gobierno prevista en la Constitución.
"Se hizo una reforma a la Ley General de Comunicación, en el Congreso de la Unión, en donde nos impone un porcentaje del gasto para temas de comunicación social y lo que nosotros decimos independientemente del porcentaje es: espérate tantito Congreso de la Unión que hay órdenes de gobierno que también tienen que respetarse, en este país hay tres órdenes de gobierno", agregó.
Para Eduardo Rivera permitir que a los ayuntamientos se les imponga un gasto es tan falto de sentido como que los presidentes municipales se organizaran para hacer exigencias presupuestales al gobierno del estado o que los estados lo hicieran con el presidente de la República.
"Es decir, yo no me puedo organizar como gobierno municipal o con los alcaldes del área metropolitana para pedirle al gobierno del estado que lo que tenga que gastar en los municipios tenga que ser x ó y porcentaje en determinada materia", reiteró.