A casi seis meses del inicio de la nueva legislatura, el Congreso de Puebla comenzó a realizar y a proyectar una serie de cambios de funcionarios en los que se observan perfiles que en el pasado ocuparon cargos dentro y fuera del recinto.
En los primeros días de febrero se planteó la llegada del exsecretario de Desarrollo Económico del marinismo e integrante de la estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio López Malo, a la Dirección de Servicios Legislativos.
Asimismo, de manera oficial, el Congreso informó que se analizaría la llegada de la exdiputada local y también priista, Rocío García Olmedo, a la titularidad de la Unidad de Igualdad de Género en el Poder Legislativo del Estado.
Fue propuesta por la legisladora del Partido del Trabajo, Nora Merino Escamilla, por su historial académico y su experiencia en esta área, en el marco de una probable discusión de temas sensibles como el aborto.
Uno de ellos fue la llegada de José Norberto Rodríguez a la Secretaría General y de Edgar Sánchez Farfán, a la dirección de Asuntos Jurídicos, de Estudios y Proyectos Legislativos.
Estos dos funcionarios formaron parte del Congreso en el pasado, pero al llegar la primera legislatura morenista en 2018 se les sustituyó por sus vínculos con el morenovallismo.
Fue precisamente en ese trienio en el que se señaló que el ahora secretario del Trabajo y ex presidente de la Junta, Gabriel Biestro Medinilla, buscó el control administrativo del Congreso.
Pero ahora que ya no está, ambas personas regresaron a las filas del Congreso.
