Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara un decreto para que la Guardia Nacional (GN) dependa del Ejército Mexicano, la oposición poblana en San Lázaro rechazó la medida.
En sus redes sociales, la diputada plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Blanca Alcalá Ruiz, expuso que la medida está por encima de la ley y olvida el sentido de las instituciones.
"Nada debe estar por encima de la ley. Las Instituciones al servicio de la gente, no de intereses particulares. En seguridad se trata de una responsabilidad de Estado por encima de cualquier gobierno", dijo.
Por su parte, la diputada plurinominal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, adelantó que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El también panista Mario Riestra Piña señaló que la medida viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no le ve futuro.
"El presidente López Obrador busca violar nuestra Carta Magna a través de un acuerdo o decreto para militarizar la Guardia Nacional", comentó.
El panista Humberto Aguilar Coronado retomó un posicionamiento de administraciones pasadas en el que el exgobernador poblano Manuel Bartlett Díaz criticó como legislador los intentos de militarización.
Aunque los diputados federales de Puebla por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) suelen ser participativos en polémicas nacionales, en esta ocasión no ha destacado algún posicionamiento.
Sobre el tema, se pronunciaron este miércoles en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla.
El doctor Tadeo Luna de la Mora, responsable de Seguridad y Justicia en el instituto, recordó que la Guardia Nacional llegó como parte de un proyecto de nación que iba contra estrategias fallidas que se tenían desde 2006 y que la idea era integrarla con militares y miembros de la Marina, pero hasta 2024, fecha en la que regresarían a sus cuarteles.
Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que en el tema seguridad pública el gobierno federal “no puede regatear nada”.
Durante la videoconferencia de este miércoles, el gobernador de Puebla consideró que el decreto que emita el presidente Andrés Manuel López Obrador, estará ajustado a la Constitución del país.
“Esperemos que lo emita para poder tener una opinión sobre su constitucionalidad o no, porque tiene que ser una fuerza del orden con las características que la Constitución establece”, insistió.