En medio de los conflictos al interior de los partidos políticos en Puebla es común escuchar que se pide a sus directivos la expulsión de militantes.
¿Pero cuándo y cómo aplican estas medidas?
En una revisión realizada a los documentos que actualmente hacen públicos los institutos políticos nacionales y locales con presencia en Puebla se observa que consideran la expulsión o la cancelación de registro en reglamentos, códigos y los mismos estatutos.
El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) contempla la cancelación del registro en un artículo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
Consiste en perder definitivamente los derechos y obligaciones que se establecen en el estatuto del partido y la Ley General de Partidos Políticos.
En total considera 16 causales para la cancelación del registro y estas incluyen campañas negativas en procesos electorales, no aplicar la ley siendo gobierno, dañar el patrimonio del partido y realizar actos de corrupción.
Los puntos abordan también la afiliación y apoyo a otras fuerzas políticas y también está el filtrar o falsificar documentación oficial, así como el incurrir en violencia política de género.
En el caso de este instituto cuenta con el Reglamento de Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) para determinar lo relativo a las expulsiones.
De manera general el documento establece que cualquier militante que promueva, favorezca o realice actos de filiación contrarios al instituto será considerado sujeto de suspensión de derechos.
En tanto que la expulsión se prevé para quien cometa reiteradamente y de manera grave estos actos y se señala que el proceso se realizará a través de la Comisión de Orden aves de solicitudes de sus órganos municipales, estatales o nacionales
En el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la expulsión se considera como la medida extrema ante irregularidades, el proceso está a cargo de su Comisión Nacional y se contempla en el Código de Justicia Partidaria.
En total el tricolor considera 11 causales para la expulsión y estas incluyen atentar de manera grave contra la unidad, sostener y propagar principios contrarios a sus documentos básicos, realizar acciones políticas contrarias a los mismos, así como incurrir en desprestigio de candidatos.
También considera la difusión de ideas o actos que provoquen división, solidarizarse con fuerzas antagónicas, actuar con indisciplina grave, enajenar o adjudicarse bienes, cometer delitos y presentar de manera dolosa una denuncia de hechos infundados que afecten a la organización.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) considera la cancelación del registro en su Reglamento de Disciplina Interna y la medida es la máxima sanción que se le puede aplicar a un militante que comete irregularidades.
Se especifica que, al cancelar el registro, se revoca la posibilidad de acceder a candidaturas ya que se violan el estatuto y el reglamento de elecciones con alguna de las 11 causales consideradas.
En la lista se observa el incumplir con normas, contravenir disposiciones electorales, manipular procesos internos otorgar dádivas a los electores, ostentar en campañas dinero de procedencia ilícita, realizar campañas negativas, rebasar topes de campaña y cometer violencia física.
El Partido del Trabajo (PT) reconoce la expulsión como una de las medidas extremas para quien incurra en alguno de los motivos de sanción previsto en sus estatutos.
La lista incluye 15 acciones u omisiones que pueden derivar en la pérdida de la militancia y que se relacionan con la corrupción, incumplimiento de acuerdos, práctica de una línea política diferente y dimitir conflictos internos en los medios de comunicación o instancias de gobierno.
Por otro lado consideran acciones de división, omitir declaraciones patrimoniales, practicar el nepotismo, usar indebidamente bienes del partido, tomar sus instalaciones y participar con otras fuerzas políticas.
En los estatutos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se prevé que la expulsión puede ser determinada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia si se comete alguna de 11 causales.
Estas son atentar contra la ideología, sostener y propagar principios contrarios, provocar la división, solidarizarse con otras fuerzas políticas y actuar con indisciplina grave.
También consideran el atentar contra los bienes del partido, el cometer delitos y participar con otra fuerza política ,entre otros.
En el caso de Movimiento Ciudadano (MC) cuentan con un Reglamento de Justicia Intrapartidaria en donde la expulsión es la medida más alta a la que se puede llegar al incurrir en una de ocho causales.
Se consideran violentar los estatutos, no acatar decisiones de los órganos de dirección, realizar proselitismo a favor de otros candidatos y utilizar indebidamente los recursos del partido.
En la lista también se considera ser condenado por un delito grave o infamante, realizar actos de corrupción, utilizar medios de comunicación o redes sociales para calumnias que afectan al partido e incumplir obligaciones.
Los estatutos del partido local Pacto Social de Integración (PSI) prevén la expulsión como una de las medidas disciplinarias para sus militantes con alguna de ocho causales.
En la lista se observa la resolución judicial contra un militante y cometer de manera reiterada y grave infracciones o actos de indisciplina.
Mientras que las causas relacionadas con otros partidos incluyen el participar en actividades, apoyarlos económicamente, participar en su creación, afiliarse, aceptar ser candidato e incluso aceptar un cargo como funcionario público.
En Nueva Alianza Puebla (NAP), en cambio, se considera en sus estatutos la expulsión como una sanción en el caso de incurrir en alguna de 10 infracciones.
Estas son actuar con irresponsabilidad, ir contra el estatuto, no colaborar en las actividades del partido y no cubrir las cuotas de aportaciones, no respetar los acuerdos de los órganos dirigentes y apoyar a otros partidos.