Uno de los delitos que involucra a servidores públicos en actos de corrupción y del que más se habla es el peculado.
Según el artículo 428 del Código Penal de Puebla, comete el delito de peculado el funcionario que:
I. Para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al estado, municipio o a un organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.
II. El servidor público que a título personal e indebidamente utilice fondos públicos, con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero;
III. El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos para denigrar a cualquier persona;
IV. Quienes acepten realizar las promociones o denigraciones a que se refieren las dos fracciones anteriores a cambio de los fondos públicos.
V. Quien sin tener el carácter de servidor público y estando obligado legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales o municipales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.
A finales de 2022 el Poder Judicial del Estado informó vía solicitud de transparencia que en los primeros años de la administración de Miguel Barbosa Huerta se emitieron 14 sentencias por peculado contra 21 funcionarios.
Entre los casos judiciales iniciados que fueron públicos destaca, por ejemplo, el del ex alcalde de Ciudad Serdán, Juan N. y tres de sus regidores, quienes en diciembre de 2022 fueron vinculados a proceso por peculado y otros delitos.
En el resto de la lista están los ex alcaldes de San Andrés Cholula, Leoncio P.; de Tehuacán, Felipe P.; de Tecamachalco, Inés S.; de Honey, Ángel L. y de Zoquitlán, Roberto N.
Entre los perseguidos por la ley, debido a hechos vinculados con el peculado, también hay de funcionarios de otros niveles como Juan Carlos N., quien fue director de Museos de Puebla.
Este caso es significativo, pues el ex funcionario logró demostrar junto con su defensa que no había pruebas suficientes para procesarlo.