El diputado local Eduardo Alcántara enfrenta una situación compleja por lo que hace a su futuro político.
En el plano personal afrontó una acusación por violencia política de género.
En el 2018, de acuerdo con registros periodísticos, conoció a Érika de la Vega Gutiérrez.
En el 2021, según señalamientos de Érika de la Vega, Alcántara le pidió sostener relaciones sexuales o la entrega de 1.5 millones de pesos, para apoyarla para que fuera candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, Puebla.
En ese momento, Eduardo Alcántara se desempeñaba como asesor de la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas.
Tras un largo proceso fue sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), que lo encontró culpable de acoso sexual y de pedir a la víctima millón y medio de pesos para hacerla candidata.
Derivado de las sentencias emitidas por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, publicó una disculpa en los periódicos impresos de mayor circulación en la entidad; y la entregó ante el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN para que se incorpore a los estrados físicos.
“El suscrito Eduardo Alcántara Montiel ofrezco una disculpa pública a la ciudadana Erika de la Vega Gutiérrez, por los hechos que realicé durante el periodo en que la misma pretendía una candidatura para un cargo de elección popular, los cuales configuraron violencia política por razón de género en su contra”, indicó el pronunciamiento.
Con ello cumplió en lo relativo al ofrecimiento de una disculpa pública.
Sin embargo, quedó abierta la posibilidad de que sea expulsado del PAN, que comenzó a tomar forma con la determinación de la Comisión Permanente en Puebla de solicitar su salida.
Ahora el caso tendrá que ser resuelto en el PAN nacional.
Por lo que hace a las sanciones por violencia política de género, la norma contemplaba, hasta noviembre el 2021, las siguientes:
Pena de 1 a 2 años de prisión y 50 a 100 días de multa
A quien proporcione información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia electoral, con la finalidad de impedir el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres.
Impida a una mujer su derecho a voz y voto, en el ejercicio del cargo.
Discrimine a una mujer embarazada, con la finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.
Pena de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 200 días de multa
A quien publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos político-electorales.
Limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión.
Pena de 4 a 6 años de prisión y 200 a 300 días de multa
A quien ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, contra la mujer, que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, o el desempeño de un cargo público.
Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular o al cargo por el que haya sido electa.
Ejerza cualquier tipo de violencia, con la finalidad de obligar a una o varias mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad, en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.
Para partidos políticos, la reducción de hasta el 50 por ciento de las ministraciones del financiamiento público que corresponda, por el periodo que señale la resolución.
Además, se contemplan:
- Medidas de reparación del daño.
- Indemnización de la víctima.
- Restitución inmediata en el cargo al que se obligó a renunciar por motivos de violencia.
- Disculpa pública.
- Medidas de no repetición.