El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene a 260 funcionarios, militantes de partidos políticos y ciudadanos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
De acuerdo con el corte al 12 de enero del 2023, 215 de ellos son hombres y la mayoría de los sancionados corresponde a presidentes municipales.
Desde septiembre del 2020, el INE, a petición de los tribunales electorales, puede inscribir a toda aquella persona que cometa violencia política de género al menoscabar los derechos de una mujer que sea aspirante u ocupe algún cargo público.
El sancionado puede estar en el registro desde tres hasta seis años dependiendo la gravedad del hecho.
Además de estar en el registro, el responsable de esta conducta puede ser acreedor a otra sanción impuesta por la autoridad electoral que va desde la amonestación, una multa, suspensión de ocho días de sueldo, la remoción del cargo y hasta la pena de prisión si al cometer ese acto de violencia política también incurrió en un crimen de tipo penal.
Además, la persona sancionada puede perder sus derechos políticos al ser eliminada su condición de modo honesto de vivir, que es requisito indispensable para participar como candidato en un proceso electoral.
Hasta ahora, de las 260 personas que están en ese registro a nivel nacional, solo 19 han perdido la posibilidad de ser candidatos, pero ninguno es de Puebla.
Cabe recordar que en el padrón nacional de perpetradores de violencia política de género hay seis poblanos.
La lista la conforman: Bernardino Aquino Beléndez, exalcalde de Cañada Morelos; Edmundo Jesús Ramírez Castillo, exalcalde de Santiago Miahuatlán; el comunicador Gerardo Ruiz Herrera; Luis Gabriel Rodríguez Martínez, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Omar Arteaga Ortigoza, alcalde de Tuzamapan de Galeana y Pascual Morales Martínez, exalcalde de Francisco Z. Mena.
Esa lista podría aumentar a siete con la expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, si una impugnación no cambia el rumbo de la resolución que ayer emitió el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) por un caso de discriminación contra una extrabajadora del gobierno municipal.
