Las imágenes de funcionarios públicos de cualquier nivel cargando dinero en efectivo bajo el argumento de que se usa para el pago de bienes y servicios o entrega de apoyos ponen en duda si se trata de una práctica válida.
La Ley de Egresos del estado de Puebla prevé que sí pueden usar dinero en efectivo, de acuerdo con la edición para el ejercicio fiscal de 2023.
"Las Dependencias y Entidades podrán otorgar Ayudas en efectivo o en especie, con cargo a su presupuesto autorizado, apegándose a lo establecido en el Manual", señala el Artículo 57.
El documento al que hace referencia es el Manual de Normas y Lineamientos para la Administración del Presupuesto que regula las acciones de quienes hacen uso de recursos públicos.
En el manual se definen y consideran conceptos como los calendarios, las claves de gastos y los expedientes con los que se debe documentar el uso de recursos.
Además de este documento y la Ley de Egresos que pone límites a la forma como se debe utilizar el presupuesto público, hay otra normativa que regula el ejercicio de gasto público.
En la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por ejemplo, se plantea que el gasto debe estar plenamente documentado.
Mientras que en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal de Puebla se señala que los contratos deben definir cómo se hacen los pagos a proveedores.
Aunque la ley tenga previsto el uso de efectivo, esta práctica ha sido criticada por diferentes actores debido a que implica riesgos de mal uso. Entre ellos, diputados en el Congreso de la Unión e integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, desde donde, en la última década, se han propuesto candados para evitar pagos de este tipo, al considerar que se presta para cometer desviación de recursos públicos.
