De acuerdo con información del portal de la Auditoría Superior del Estado (ASE), desde que en agosto de 2021 se comenzó a especular la salida de Francisco Romero Serrano se han publicado siete reportes de auditorías.
Los mismos están fechados entre octubre y diciembre del año pasado, mientras que en la mayoría de los casos se emitieron versiones públicas a finales de enero.
Es decir, cuando el auditor ya enfrentaba una investigación por un presunto acto de violencia familiar contra un menor y a menos de un mes de que un juez ordenara su suspensión temporal del cargo.
Mientras que las actividades auditoras al poder público corresponden a los años fiscales de 2016, 2017, 2018 y 2019, el más cercano con dos años de antigüedad.
Entre los reportes se observan cuentas individuales de un año de actividades en el Congreso del estado, El Tribunal Superior de Justicia y también del Poder Ejecutivo.
En el caso de los dos reportes generales publicados se observa por un lado una auditoría a 161 cuentas municipales y organismos de 16 municipios; mientras que en el otro auditaron a Poderes del estado, organismos autónomos y entidades paraestatales.
El portal de la ASE da cuenta de dos reportes semestrales correspondientes a diversas cuentas individuales comprendidas entre 2016 y 2019.
La salida de Romero Serrano comenzó a planearse hace un semestre por retrasos en las auditorías, luego vinieron reformas constitucionales que aumentan la supervisión a la ASE que se criticaron como trajes a la medida para destituirlo y luego vino el conflicto por el que se le investiga y que finalmente derivó en su detención la noche del viernes por incumplir una medida cautelar.
La suspensión temporal al cargo se notificó al Congreso el pasado 14 de febrero y en el pleno los diputados también dieron cuenta del aviso de un juez por su vinculación a proceso.