Para establecer como facultad de los Ministerios Públicos el informar de manera clara y sencilla a la víctima u ofendido del delito sobre su procedimiento, la diputada Karla Rodríguez Palacios presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Al presentar su propuesta en sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada explicó que el debido proceso es un principio rector del sistema penal, por lo que informar a las víctimas u ofendidos sobre los asuntos judiciales en los que intervienen cobra gran relevancia, pues se deja a un lado la discrecionalidad.
De esta forma, la diputada propuso informar, de forma clara y sencilla, a la víctima u ofendido del delito, desde el momento en que se presente o comparezca ante el Ministerio Público y hasta la conclusión del procedimiento a que haya lugar, así como los derechos que reconoce en su favor la legislación, garantizando su participación en las diligencias que correspondan.
La iniciativa para reformar la fracción IV del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
Por otra parte, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una iniciativa de reforma al Código Civil para establecer que los derechos de la patria potestad que se confieren a quien o a quienes la ejercen, se pierden cuando el padre, madre, abuelo o abuela, obligan a su hijo o nieto a realizar trabajos que pongan en riesgo su integridad, su salud o su vida.
La iniciativa que pretende adicionar el inciso e) a la fracción IV del artículo 628 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente.
En su participación, la diputada Rosalinda Toledo Castellanos presentó un punto de acuerdo para exhortar a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, para que efectúe las acciones y medidas tendientes a reforzar la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas en el territorio estatal.
El exhorto fue turnado a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.