El Congreso del estado de Puebla analizará una propuesta para que funcionarios que roben medicamentos e insumos en organismos públicos, alcancen hasta 12 años de prisión y hasta de 10 años de inhabilitación como servidores.
La iniciativa fue presentada hoy en la sesión de la Comisión Permanente por la legisladora Vianey García Romero del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y busca reformar la agravante en el Código Penal del Estado de Puebla.
La misma se turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, en donde se prevé que pueda ser analizada por la legislatura que está por culminar o la entrante que asumirá funciones el 15 de septiembre.
Al presentar la iniciativa, García Romero, explicó que se busca duplicar las actuales sanciones, pues el robo de insumos por parte del personal de los servicios de salud para comercializarlo en el servicio privado o en el mercado negro es una queja ciudadana con la que se ha encontrado como legisladora.
Asimismo, dijo, se han conocido casos simbólicos como el ocurrido hace dos semanas en la Clínica 55 de Amalucan, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde se estimó un daño de 1.5 millones de pesos y afectaciones a pacientes diabéticos.
"Existen personas que sin ninguna culpa ni remordimiento enfocan sus esfuerzos en privar a la ciudadanía de los medicamentos y utensilios que pueden salvar y mejorar su calidad de vida, poniéndolos a la venta en el mercado negro", expuso.
Además de turnar la iniciativa de García Romero, este lunes la Comisión Permanente envió a las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, y Derechos Humanos, la iniciativa del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para la ley de desaparecidos.
En estas dos comisiones habrá de analizarse tanto la propuesta del mandatario, como la que presentaron activistas y académicos de la Universidad Iberoamericana de Puebla hace un año, a fin de concretar una reforma antes de que concluya la LX Legislatura.
