Con el objetivo de simplificar los trámites de licencias y permisos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) y generar un mayor crecimiento económico, así como promover la inversión y la generación de empleo en Puebla, la diputada Ruth Zárate Domínguez presentó un punto de acuerdo dirigido a los 217 Ayuntamientos para que revisen dichos procesos.
En sesión de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura, la diputada destacó la importancia que tienen los pequeños empresarios en la economía, por lo que es necesario coadyuvar para que tengan condiciones adecuadas para abrir y mantener sus negocios.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico para su estudio y resolución procedente.
Por otra parte, la Comisión Permanente dio cuenta del punto de acuerdo de la diputada Nora Merino Escamilla para exhortar a la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado, a fin de que en su programación presupuestal de 2024, considere recursos para la atención de las mujeres en situación de violencia, así como acciones para su prevención.
El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y dictaminación correspondiente.
La Comisión Permanente también dio cuenta de la iniciativa de la diputada Nancy Jiménez Morales para reformar las fracciones XII y XIII y adicionar la fracción XIV al artículo 16 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla con el objetivo de priorizar en la selección, contratación, remuneración, capacitación y promoción laboral a las personas con discapacidad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad para su estudio y resolución procedente.
Finalmente, se dio cuenta de la iniciativa de la diputada Karla Rodríguez Palacios para modificar el artículo 120 y adicionar el artículo 120 Bis a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que, cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, procuren que los sistemas o medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas, no permitan la recuperación o visualización de la misma.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información para su análisis correspondiente.