El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Puebla logró en 2021 sólo 14 de las 217 alcaldías del estado y en nueve de ellas, los presidentes municipales han salido problemáticos.
Uno de ellos está en prisión, otro fue señalado por las autoridades electorales por violencia política de género, otros más arrastran problemas de inseguridad y también hay quienes han sido acusados por violar derechos humanos y dañar al medio ambiente.
El 16 de mayo de 2022 fue vinculado a proceso penal por los delitos de encubrimiento y ejercicio indebido de funciones. Su detención estuvo precedida por el asesinato del titular de Seguridad Pública en el municipio mixteco, que también involucró a elementos policiacos.
Su familia, defensa y políticos de partidos aliancistas con el PRD han señalado que se trata de una persecución política, pues se han puesto trabas a su proceso legal.
En julio de 2022, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) resolvió que durante su primer trienio como alcalde y cuando formaba parte de Movimiento Ciudadano (MC), el presidente municipal violentó los derechos de una regidora.
De acuerdo con la afectada, no le pagaron lo que correspondía al cargo para el que fue electa y tampoco se le permitió realizar sus funciones, pues le asignaron trabajos de limpieza en el palacio municipal y de secretaria.
Como parte de la resolución de los magistrados, se inscribió al alcalde en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género con el que cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo promovió una impugnación.
Tras ser declarado como ganador de la elección, el presidente municipal perredista se vio inmiscuido en acusaciones sobre irregularidades durante el proceso e incluso relacionadas con violencia política de género.
El 6 de junio de 2021, fue señalado en una rueda de prensa por sus excontrincantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Belén Trujillo Machado y del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Jazmín Tobón Zurita.
Las inconformes denunciaron que fueron amenazadas en redes sociales por cuentas falsas vinculadas con el ahora presidente municipal.
Asimismo, expusieron que al contar con familiares al interior del Instituto Electoral del Estado (IEE), Enríquez Ponce logró evadir el recuento de votos. Aunque llevaron su inconformidad a órganos internos de sus partidos y a las autoridades electorales, el perredista llegó a la alcaldía en octubre del 2021.
El hecho más polémico en la gestión de este alcalde ocurrió en marzo de 2022, cuando un menor de edad detenido por policías municipales por presunta violencia familiar se suicidó en los separos.
El perredista expuso que era un tema que no dependía del todo de su administración y que opositores utilizaban para criticarlo, en tanto que la familia del detenido pidió una investigación.
Previo a estos hechos, en Zoquitlán causó repudio el asesinato de María Isabel, una niña de 10 años que estaba reportada como desaparecida.
Asimismo, en el municipio se acusó que se obligaba a trabajadores del ayuntamiento a vender boletos para el baile de celebración de la Semana Santa.
El alcalde de este municipio metropolitano ha enfrentado críticas y hasta una protesta en mayo por el incremento en los niveles de inseguridad.
Tras esa crisis, dijo en una entrevista que habría un cambio del comisario de seguridad. El perredista también ha sido criticado por la falta de obra pública y el mal estado de vialidades principales en comunidades como San Antonio Mihuacan.
Nicolás Bravo, gobernado por Mario Ginez Hernández Apenas el 23 de noviembre pasado, pobladores y autoridades de las juntas auxiliares se manifestaron contra el alcalde perredista por falta de recursos y también por la difusión de fotografías en las que se le observa portando armas.
La protesta implicó casi un día de cierres sobre la carretera federal 150 México- Veracruz y que fuera necesaria la intervención de la Secretaría de Gobernación estatal para acordar mesas de diálogo.
Reelecto en el cargo, el presidente municipal arrastra antecedentes de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) por cortes de agua que realizó a la ciudadanía en 2019, durante su primer trienio.
Los afectados fueron pobladores de la junta auxiliar de Santiago Tochimizolco a quienes les suspendió el servicio por supuestas faltas de pago. La comisión respondió que se vulneraron los derechos humanos a la seguridad jurídica y al agua, por lo que se tenía que restablecer el servicio, implementar mecanismos para los cobros y capacitar al personal del ayuntamiento en materia de derechos humanos.
El presidente municipal llegó al cargo entre señalamientos de activistas medioambientales y ejidatarios sobre daños a la Barranca de la Tortuga para favorecer negocios familiares de siembra de pitahaya y bajo el argumento de que era propiedad privada.
El medio de información comunitario Mazehual Quintos dio seguimiento a denuncias sobre cómo en plena campaña una obra destruyó la barranca que tenía tortugas y cuyo afluente beneficiaba a la comunidad.
Aún antes de rendir protesta, los mismos inconformes denunciaron que el político también buscaría remodelar la plaza principal para que la obra beneficiara a su hijo arquitecto y para que se utilizaran recursos de empresarios migrantes.
En este caso, heredó los conflictos de la junta auxiliar de Santa María Zacatepec en torno a la defensa del agua que incluyen la negativa a operaciones de Bonafont y descargas de aguas negras de industrias de Huejotzingo.
Si bien las protestas de activistas no han sido tan fuertes como en otros años, sí han hecho señalamientos contra Cinto Bernal sobre la falta de soluciones a sus demandas.
Los otros alcaldes perredistas que no han resaltado por polémicas a más un año de iniciar su gestión son Álvaro Tapia Castillo de Acteopan; Reyes Domínguez Aldama, de Atzitzihuacán; Marco Antonio Monge Zúñiga, de Axutla; Ramiro Castillo Flores, de La Magdalena Tlatlauquitepec y Pedro Aquino Belendez de San Antonio Cañada.