La alcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, emanada del partido Movimiento Regeneración Nacional(Morena), enfrenta un panorama complicado.
En principio, porque en el marco del 8M, fue señalada públicamente por la acción de torturar, humillar y violentar a las periodistas Natalie López y a su hermana Michelle, por parte de policías municipales.
Irene Olea fue denunciada por tortura, violencia sexual y de género, así como la Policía Municipal de Izúcar por abuso de autoridad.
Además, ahora trasciende que la “Casa de Medio Camino”, un proyecto que brindaría atención a mujeres que sufren violencia en el municipio de Izúcar de Matamoros, se encuentra en abandono.
Y el propietario del inmueble arrendado en donde se ubicaba, denuncia que fue desmantelado.
Natalie Hoyos López, quien estudia la carrera de Comunicación Digital en la Ibero Puebla, señaló que junto con su hermana Michelle, como reporteras cubrieron una marcha el viernes 10 de marzo.
Pero, en principio, cinco policías llegaron al lugar y junto con otras cinco personas, ella y su hermana, fueron detenidas
Posteriormente, se sumaron otros elementos hasta llegar a 18 policías los que participaron en su aprehensión.
Junto con las otras mujeres las trasladaron a la subcomandancia “Los Juanitos”, a 20 minutos de la presidencia municipal.
Fueron privadas de la libertad por más de seis horas, periodo en el que, entre otras cosas, las golpearon, amenazaron y torturaron.
Finalmente, su libertad se condicionó al pago de mil 900 pesos por ensuciar y maltratar la ciudad.
Lo que las llevó a presentar una denuncia pública y penal.
La “Casa de Medio Camino” surgió como iniciativa, el 20 de octubre de 2021, impulsada por la regidora de Personas en Situación de Vulnerabilidad, Blanca Estela Larios Ávila.
Y fue acogida por la presidenta municipal, Irene Olea.
Sin embargo, lo que inició bien terminó en un distanciamiento entre la regidora y la alcaldesa, en torno al manejo de los recursos para la operación y equipamiento de la “Casa de Medio Camino” que se ubicó en un inmueble rentado.
Pero al vencer el contrato, el propietario trató de gestionar la ampliación y, en cambio, recibió una solicitud de compra por parte de la presidencia municipal que no aceptó, lo que dio pauta que el inmueble siguiera arrendado, pero sin contrato.
Tres meses más tarde, el arrendatario recibió las llaves, por lo que se dio por terminado el contrato.
Al acudir a verificar el estado del inmueble, el propietario se percató de que había sido desmantelado, ya que se retiraron, entre otros elementos, portones, cableado y muebles de baño.
Con ello, se violó parte del contrato de arrendamiento que establecía que toda mejora realizada pasaría a ser propiedad del arrendatario.
En mensaje a medios, este martes 28 de marzo de 2023, a 18 días de distancia de los hechos, la edila de Izúcar, Irene Olea, señaló que giró instrucciones a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, para que tengan cercanía y se resguarden los derechos de las dos “jovencitas”.
Dijo no ser responsable de la detención de las periodistas, y que hay seis policías siendo investigados por el caso.
Incluso, responsabilizó al ex secretario de Educación Pública, Melitón Lozano, de orquestar este asunto en su contra como parte de la campaña de desprestigio y sabotaje que comenzó desde que él era funcionario del gobierno estatal.