Luego de que el jueves 30 de marzo el Congreso de la Unión aprobó reformas constitucionales para limitar los derechos electorales de violentadores, en lo que se conoce como Ley 3 de 3, diputados federales de oposición de Puebla pidieron acelerar el proceso para garantizar su aplicación en 2024.
En una rueda de prensa, Blanca Alcalá Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Ana Teresa Aranda Orozco, Carolina Beauregard Martínez, Genoveva Huerta Villegas y Mario Riestra Piña, del Partido Acción Nacional (PAN), destacaron la necesidad de considerar los tiempos.
En su intervención, la también ex senadora Blanca Alcalá Ruiz recordó que tras esta aprobación en el Congreso de la Unión, el Senado podría incluso considerar su análisis y aprobación en un periodo extraordinario.
Con ello, se continuaría con el proceso para que se vote por más de la mitad de los congresos estatales, pues se modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley 3 de 3 reforma los artículos 38 y 102 y con ella se busca que quien se postule para cargos públicos cumpla con cuatro criterios.
Estos incluyen: dejar fuera a quienes tengan sentencias por violencia política de género, por violencia familiar o doméstica y sexual y a los deudores alimentarios.
Para la diputada federal priísta, ésta es una reforma que trae beneficios sin partidos, pues garantiza perfiles idóneos para ocupar cargos en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno.
"Nuestro propósito es que efectivamente ningún agresor pueda asumir ningún cargo público ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo ni del Judicial", expuso.
Por su parte, la diputada del PAN, Ana Teresa Aranda, resaltó que dejar fuera a los violentadores es frenar riesgos que ya afectaron en un entorno familiar y que podrían llegar al servicio público.
"Porque en su casa es la forma en cómo mantiene el control, cómo intimida, cómo somete y cuando llega al ámbito público también así somete a los iguales, como lo hace en casa", dijo.
