Política

Piden activistas mejorar la Ley Minera

Fundar y una organización de mujeres poblanas forman parte de la petición

Foto: Archivo El Universal
19/04/2022 |13:18Laura Ruiz |
Laura Ruiz
RedactorVer perfil

Tras la aprobación de la Ley Minera, activistas defensores del territorio con presencia en Puebla y otras 12 entidades llamaron a fortalecerla con modificaciones que protejan a las comunidades indígenas.

El posicionamiento lo impulsa la organización Fundar que en la entidad ha impulsado la defensa de Ixtacamaxtitlan contra la Minera Gorrión, así como el Colectivo Kalakgpaliw, que busca organizar a poblanas defensoras de su territorio.

Mediante un comunicado en el que también participan organizaciones de otros 12 estados, reconocen lo aprobado ayer en San Lázaro, pues la actual normatividad data de 1992 y beneficia principalmente a industrias nacionales e internacionales.

Sin embargo, destacaron la necesidad de tomar en cuenta las perspectivas de la academia y el activismo para que se fortalezca la reforma.

"Vemos positivo que desde el Poder Ejecutivo se busque poner un freno al despojo de los territorios y a los privilegios de las empresas mineras. Sin embargo, la propuesta de modificación enviada por el Ejecutivo y recientemente aprobada en votación en la Cámara de Diputados es muy limitada", señalaron.

 

Indicaron que la reforma "no corresponde a la profundidad con la que se ubica el problema en la exposición de motivos ni corrige  el contenido violatorio de los artículos que han posibilitado la entrega de los territorios a los privados y las sistemáticas violaciones de derechos en contra de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, así como contra los núcleos agrarios".

Una de las peticiones más relevantes está relacionada con el litio, pues consideran que al nacionalizarlo, la actual iniciativa del Ejecutivo posibilitará que se priorice la minería de este recurso por encima de las actividades que realizan las comunidades en sus territorios.

También resaltan que hay que hacer efectivo el derecho de las comunidades a decidir, cambiar el esquema y régimen que abusa de las concesiones, quitar privilegios de acceso a tierras que tienen las empresas, garantizar la protección de áreas naturales y transparencia de las empresas mineras, entre otros.