La juez de distrito en Quintana Roo negó la petición que hizo el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, para que siga su proceso en prisión domiciliaria, por lo que permanecerá interno en el penal del Altiplano.
La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de un comunicado, dio a conocer que en audiencia de revisión de medidas cautelares a petición del procesado, se resolvió la continuación de la medida cautelar de prisión preventiva.
El imputado, pedía a la jueza continuar con su proceso en libertad, además que se le impusieran nuevas medidas consistentes en residir en un lugar determinado y acudir al juzgado correspondiente de manera periódica para garantizar su presentación al proceso penal que se le sigue.
Marín Torres fue detenido en febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero y trasladado a Quintana Roo donde fue presentada la denuncia por el delito de tortura en perjuicio de la periodista Lydia Cacho.
En la audiencia, los Ministerios Públicos de la Federación (MPF), de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación de Quintana Roo y de la FEADLE, perteneciente a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), presentaron las pruebas y argumentos para continuar con la medida cautelar en mención.
El argumento fue que el imputado representa un riesgo para la víctima y testigos, además de que existe un riesgo fundado de fuga, la falta de arraigo del imputado en el lugar del proceso, que los retrasos en el proceso penal que se le sigue al imputado corresponden a actos procesales de la defensa y la complejidad del proceso penal que se instaura en su contra.
Como resultado, el Juzgado de Distrito, a cargo del proceso, determinó la continuación de la medida cautelar de prisión preventiva de Mario Marín, quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano.
Cabe recordar que el caso deviene de la acusación realizada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) por su presunta responsabilidad en valerse de las instituciones públicas del estado de Puebla que se encontraban bajo su mando y que, como gobernador, ordenó la tortura de la reconocida periodista como castigo a su libertad de expresión.