En vísperas de la última Sesión Ordinaria de la LX legislatura, elementos de la Policía Estatal bloquearon los accesos al Congreso para frenar manifestaciones.
Con vallas y equipo antimotín restringieron el acceso a la 5 Poniente, entre la avenida 16 de Septiembre y la 3 Sur, mientras que a un costado de Catedral se observaron patrullas estacionadas.
Para acceder a la calle donde se encuentra el Congreso se solicitaron identificaciones.
Previo a concretar el cerco, en la zona se observó la presencia de una decena de pobladores de San Bernardino Tlaxcalancingo, junta auxiliar de San Andrés Cholula, inconformes con la donación de un predio y cuyo asunto está previsto en el orden del día de hoy.
Se trata de un terreno de 7 mil 575 metros cuadrados en el cerro Acahualtepetzi, que los diputados pretenden entregar a la asociación “Protectora del Patrimonio de Tlaxcalancingo”, ligada a Javier Elías Amaxal, esposo de la alcaldesa Karina Pérez Popoca.
Los inconformes presentaron una recopilación de firmas y una solicitud para que el Congreso transparente la decisión en la que acusan beneficios para la funcionaria del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Para este último día del periodo ordinario también se tenían previstas manifestaciones de familiares de desaparecidos y colectivos feministas a favor de la despenalización del aborto, quienes reclaman reformas que se dejaron congeladas.
Por un lado está la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla que se presentó desde 2020 y que aún no se aprueba en comisiones unidas.
La omisión de los diputados ha derivado incluso en observaciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en una campaña de presión de activistas y la Universidad Iberoamericana Puebla.
En tanto que el tema del aborto fue rechazado ya en el pasado, pero volvió a presentarse recientemente otra iniciativa, luego de que este año colectivos a favor de la despenalización se manifestaron y exigieran realizar un parlamento abierto.
El cerco en torno a la última actividad de la sesión ordinaria generó críticas de activistas quienes acusan cerrazón al diálogo.
