El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, perteneciente a la Universidad Iberoamericana Puebla, hizo un llamado a proteger los derechos de los menores con la denominada Ley Monzón.
En víspera de su posible discusión y aprobación con el arranque del segundo año legislativo, la casa de estudios lanzó una campaña de sensibilización en redes sociales como Twitter.
Mediante infografías recordó que en los casos de los feminicidios, las hijas e hijos de víctimas han recibido impactos en diferentes ámbitos.
Entre los derechos afectados está el vivir en familia, tener un proyecto de vida digno, garantizar el libre desarrollo de su personalidad y también el acceso a una vida libre de violencia.
Según datos del instituto en México al menos mil 4 mujeres fueron presuntas víctimas de feminicidio durante el 2021 y esto afecta a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
En el recuento sobre el proyecto que se encuentra en el Congreso del estado recordaron que Cecilia Monzón Pérez fue una activista y abogada especialista en temas de perspectiva de género que fue asesinada por su expareja y padre de su hijo, en mayo pasado.
Este caso, agregan, fue significativo, pues la familia de la víctima tuvo que enfrentar un proceso legal para determinar la custodia del menor e incluso el político Javier N. intentó negociar la custodia de su hijo.
Por ello, resaltaron que mediante la Ley Monzón se buscan reformas al Código Civil y al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla para dar garantías a los menores.
En el caso del Código Civil, se contempla que la patria potestad se pierda cuando exista una condena del delito de feminicidio, que los derechos se suspenden cuando se resuelva el auto de vinculación y que los jueces puedan modificar la patria protestad cuando el feminicida la tenga decretada judicialmente.
En tanto que en el Código Penal, se busca sancionar a funcionarios públicos que propicien, promuevan o toleren la impunidad.
Asimismo, se considera aumentar la pena a quien cometa el delito de feminicidio en casos donde la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor o una persona con discapacidad.