A poco más de un año de la entrada en vigor a nivel federal, Puebla se encamina a reformas locales de la llamada Ley Chancla, esa que prohíbe a padres y tutores el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario en menores.
Fue el 12 de enero de 2021 cuando entró en vigor en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que modificó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal.
Al Senado y el Congreso de la Unión les llevó más de dos años que se reconociera como parte de la violencia familiar y que se establecieran también los derechos de los menores de edad a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de sus padres y tutores, pero también a encargados de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, de cuidado o penales.
Mientras que a nivel nacional se aprobaban las reformas, Jalisco conformó su propia ley y en la Ciudad de México apenas concretaron avances en febrero pasado, además de ahondar más en las sanciones.
En Puebla, la iniciativa la presentó la presidenta de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, Mónica Rodíguez Della Vecchia, se aprobó en el grupo de trabajo y ahora se pondrá en agenda para votarla en el pleno.
De manera específica se busca modificar dos artículos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para prevenir los castigos corporales en los menores de edad y se considera una definición.
“... todo aquel acto cometido contra niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, como empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, a obligar o sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otro tipo de productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve”, se señaló en la aprobación en Comisión.
De aprobarse en el pleno, Puebla se encaminará a la homologación con las leyes federales que desde hace un año ya reconocen límites y actos de violencia en los que podrían incurrir quienes son responsables de niños y adolescentes.
