Jueces y abogados adscritos a la Ciudad de México y de Pachuca, Hidalgo, fueron señalados por integrantes de la familia Jenkins de Landa, de formar parte de una red de corrupción, por lo que exigen al Consejo de la Judicatura Federal se apliquen las sanciones correspondientes.
Los integrantes de la familia, Roberto, María Elodia, Margarita, Juan Carlos, todos de apellido Jenkins de Landa, junto con Elodia Sofía de Landa de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins, así lo publicaron este 29 de junio en un escrito al Consejo de la Judicatura Federal y a la opinión pública.
Exigen justicia, con respeto y rigor, que se sancionen las conductas de los jueces que en el texto señalan de actuar por intereses corruptos y que su caso se resuelva conforme a derecho.
En el documento se involucra a la jueza federal Luz María Ortega Tlapa, jueza federal Octava de Distrito de Amparo en materia penal adscrita a la Ciudad de México, como responsable de haber diferido la audiencia definitoria de su caso 11 veces sin justificación alguna.
Así como a Iván Aarón Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Federal en Pachuca, Hidalgo; a los jueces Roberto Yáñez Quiroz y José Manuel Salazar Uribe, 24 y 60 de los Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, respectivamente.
La familia Jenkins de Landa subraya que los arriba señalados “han pervertido su trabajo para formar parte de una red de corrupción que se ha revelado recientemente, confirmando lo que denunciamos en su oportunidad en diversas instancias”.
Detallaron que en el 2020 el juez Zeferín Hernández los volvió a juzgar por los mismos hechos de los que se les exoneró en el 2018 y a pesar de que solicitaron un amparo, hoy suman ya tres años y aún están en espera de la resolución.
En el caso de la jueza Luz María Ortega Tlapa, en 11 ocasiones ha diferido la audiencia de su caso, con ello ha evitado que se dicte una sentencia en la que se reconozca el quebranto constitucional que dice la familia haber sufrido.
“Hoy, esta juzgadora debe celebrar la audiencia, de no hacerlo, confirmará la sospecha de lo que hace unos días se ha hecho del conocimiento público”, se lee en el escrito.
Respecto a los jueces civiles, Yáñez Quiroz y Salazar Uribe los acusan como responsables de intentar despojar a la familia Jenkins de Landa de su patrimonio, de las fundaciones que administran y de embargar sus cuentas y propiedades, por medio del doble juzgamiento del proceso de 2018.
Refieren que además se les ha impedido una defensa justa, amedrentando a sus abogados mediante órdenes de aprehensión.
“Nuestro caso es uno más de los que han sido documentados ante la opinión pública y relatados en diversos textos de investigación periodística para develar la operación de una red de corrupción que involucra a los mencionados jueces”, subrayó la familia.
La publicación también va dirigida a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, a la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal y al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.