Mientras que las discusiones políticas arrecian en el Congreso rumbo al 2024, el pasado 15 de septiembre inició el segundo año legislativo con varios pendientes en la agenda de los diputados.
A la par de los señalamientos entre morenistas y panistas, arrastran 407 iniciativas congeladas en el primer año, anuncios del gobernador Miguel Barbosa Huerta, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que deben acatar y demandas sociales.
Entre lo congelado destaca la denominada Ley Monzón que busca proteger a los menores en caso de feminicidio, los ataques a mujeres con ácido y dos propuestas para despenalizar el aborto.
Esto último generó demandas sociales de feministas al arranque del año legislativo y se espera que a finales de mes realicen más movilizaciones en el marco de la lucha internacional por el derecho a decidir la maternidad.
Entre los temas que se esperan del Ejecutivo están las reformas al sistema judicial que buscan frenar actos de corrupción, las reglas operativas de la Ley de Movilidad aprobada hace unos meses y reformas en materia de salud para fortalecer la capacitación sobre enfermedades mentales.
Por otro lado, los diputados deben acatar observaciones de la SCJN sobre incluir a la infancia y la adolescencia transgénero en las reformas ya aprobadas para reconocer la identidad, así como la consulta a comunidades indígenas no consideradas en reformas de la legislatura pasada.
Otro tema que se suma como sucede cada año, son las leyes de ingresos y egresos del gobierno estatal y los 217 municipios, discusión que acaparará una parte importante de los siguientes cuatro meses.
En el caso de los municipios, se prevé además que se discuta la polémica de incluir o no el Derecho de Alumbrado Público (DAP) en los ingresos de las comunas que lo soliciten nuevamente.
