A cinco años de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación por la contaminación del río Atoyac, el Congreso del estado solo ha hecho exhortos a las autoridades, más no reformas.
El documento publicado el 22 de marzo de 2017 señaló responsabilidades a los tres niveles de gobierno tanto en el estado de Tlaxcala, como en el de Puebla.
Sin embargo, desde el Legislativo poblano no se han visto propuestas de reformas relacionadas con el afluente o con las actividades y responsabilidades de los gobiernos e industrias en torno a él.
De acuerdo con una revisión a lo acontecido en el último lustro, se han hecho algunos foros para conocer la perspectiva de especialistas y activistas.
Por ejemplo, en febrero de 2019, la presidenta de la organización civil Dale la Cara al Atoyac, Verónica Mastretta Guzmán, expuso el trabajo de la organización y el estado del río ante diputados.
Asimismo, la exregidora solicitó que los ayuntamientos actuaran con mano firme para evitar más violaciones a la ley en beneficio de empresas privadas.
A finales de ese mismo año, el exdiputado José Juan Espinosa Torres reclamó que se iniciaran con las promesas de campaña de sanear el Atoyac.
Mientras que en febrero de 2020 se aprobó un acuerdo con el que se exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a los ayuntamientos, para que tomaran acciones necesarias sobre las descargas de aguas residuales que realizan las empresas.
El Atoyac también ha sido motivo de cuestionamientos a titulares de la Secretaría del Medio Ambiente en las comparecencias anuales.
Asimismo, hay algunas consideraciones para la inversión de su saneamiento en los paquetes fiscales, aunque en este caso a propuesta del Poder Ejecutivo.
