La Auditoría Superior del Estado (ASE), a cargo de Francisco Romero Serrano, ha gastado tres de cada cuatro pesos en contratos asignados directamente y sin un proceso de licitación, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
En la plataforma se expone que desde la llegada del funcionario al cargo en noviembre de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2020, se firmaron contratos por montos totales y con impuestos que suman 2 millones 297 mil 710 pesos.
De ese monto, un millón 517 mil 916 pesos se asignaron directamente sin que al menos tres empresas concursen por los recursos públicos y en el resto sí hubo licitación.
A más de medio año cursado en 2021, la ASE de Puebla todavía no transparenta contratos realizados por adjudicación directa o concurso, durante el primer trimestre.
La mayor parte de los contratos transparentados hasta ahora se firmaron entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, lo que originó que en mayo del año pasado, desde el Congreso del estado, los diputados solicitaran detalles a Romero Serrano sobre los procedimientos elegidos.
Entre los contratos de adjudicación directa destacó con un monto de más de 986 mil pesos, el pago por un servicio para la elaboración de evaluación del diseño e implementación de control interno.
El mismo se signó el 5 de marzo del 2020 con la empresa Lleida Administradora de Negocios S.A., que de acuerdo con la PNT está representada por Flor Areli Hernández Hernández.
Además de representar casi la mitad de los montos reportados hasta ahora, ese contrato se caracterizó por tener un costo mayor al de servicios similares contratados a nivel nacional por otros entes públicos, según Compranet.
Como justificación para la adjudicación directa en este contrato, Romero Serrano utilizó fracciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
En específico los apartados enfocados a las asesorías y consultorías que involucran información confidencial de los organismos públicos.
En los otros contratos se observan cantidades menores y la mayoría contemplaron arrendamiento o prestación de servicios para mantener en operación a la ASE.