Con el proceso electoral de 2024 en puerta, es cada vez más común escuchar sobre el controvertido financiamiento de las campañas políticas.
El tema está previsto en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla que define reglas y lineamientos para los partidos registrados que participen en elecciones.
Según este documento, los partidos tienen derecho en forma equitativa al financiamiento público y privado para que sostengan sus actividades ordinarias y tendientes a la obtención del voto.
Señala que el financiamiento público deberá prevalecer sobre otro tipo de recursos y que debe ser para cubrir sus actividades ordinarias y promover el voto.
El monto va en función del presupuesto que determina anualmente el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla y hay una fórmula para su reparto entre las fuerzas políticas.
En la misma ley se prevé que todos reciben por igual un 30 por ciento y que el 70 por ciento restante equivale a lo obtenido por cada partido en el último proceso electoral dependiendo el porcentaje de votos.
Mientras que el financiamiento privado no puede ser mayor al 50 por ciento del financiamiento público que le corresponde a cada partido y puede venir de diferentes fuentes.
Las mismas incluyen a los militantes, simpatizantes, el autofinanciamiento y los rendimientos financieros, fondos o fideicomisos construidos como inversiones por los propios partidos políticos.
En los fondos privados se consideran tanto aportaciones de recursos económicos como en especie que no provengan del erario público y que se obtengan para el desarrollo, promoción y fortalecimiento de las actividades.
Además, se prohíbe a las fuerzas políticas que acepten aportaciones anónimas y que contraten créditos de la Banca de Desarrollo para financiar sus actividades.
Por otro lado, el código establece que los partidos políticos deben cumplir con la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos y privados.
Según las reglas, ellos deben contar con un órgano interno y la autoridad electoral con una unidad técnica que revise el seguimiento de los procesos financieros.