El 2022 se caracterizó por la detención de presidentes y expresidentes municipales de Puebla por diferentes motivos legales y algunos de ellos continúan en reclusión.
En los primeros días de mayo, Arturo C., quien gobernaba Acatlán de Osorio fue detenido por presuntos vínculos con el asesinato del mando de seguridad y se señaló abuso de su facultades.
El exfuncionario emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de inicio pidió que el Cabildo le diera una licencia temporal, pero con las vinculaciones a proceso fue necesaria su renuncia y sustitución.
Un caso similar se observó con el exalcalde de Piaxtla, Miguel M. quien llegó al poder con el Partido del Trabajo (PT) y fue relacionado en julio por su posible vínculo con la muerte de un ciudadano que había sido detenido por policías municipales.
En este caso también fue necesaria la designación de un nuevo presidente municipal y en el proceso se acusó un conflicto político por la presunta injerencia de su hermana, la diputada federal del mismo partido, Nelly Maceda Carrera.
Un alcalde más que no ha sido detenido, pero recurrió a la vía del amparo para evitarlo, fue Edgar García Ramírez, quien llegó al poder en Tulcingo bajo las siglas del Pacto Social de Integración (PSI).
En sus últimas videoconferencias matutinas, el exgobernador Miguel Barbosa Huerta calificó como lamentable que en ese municipio mixteco las autoridades estuvieran vinculadas con la delincuencia organizada y dejó ver vínculos con el Cabildo que ya se investigaban.
Esta semana, desde la Secretaría de Gobernación se confirmó que se investiga a Camerino Montalvo Montiel, edil de Coxcatlán emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien acusan de intento de asesinato a una socia.
La lista de detenidos involucra a expresidentes municipales ocurridas en las últimas semanas del año y con procesos legales que implican prisión y vinculación a procesos.
El caso más reciente es el de Antonio V., ex edil de Teziutlán relacionado con la presunta falsificación de documentos; Juan N., de Chalchicomula de Sesma por supuestas irregularidades en la Central de Abasto e Inés S. de Tecamachalco, quien arrastraba problemas con el uso de recursos públicos.
