El 2023 está por terminar con varias reformas que se aprobaron en el Congreso del estado de Puebla y que marcaron la actividad de la actual legislatura.
En varios de los casos están relacionados con el acceso a la justicia y en garantizar la seguridad de las mujeres.
También hay otras más que garantizan espacios seguros para los poblanos y que tienen que ver con la máxima casa de estudios.
Reformas al Poder Judicial
Aunque estas iniciaron desde 2022 con la creación de nuevas áreas de justicia y sus lineamientos, este año se concretaron con reglamentos, nombramientos y ajustes a la estructura orgánica.
Ley Monzón, aprobada en marzo
La ley que lleva este nombre en honor a la activista Cecilia Monzón, cuya ex pareja y padre de su hijo es juzgado por un feminicidio, garantiza que ahora los tutores que atraviesan por un proceso legal como ese no tengan acceso a la patria potestad de los menores.
Ley Ácida, aprobada en marzo
Ahora en Puebla se puede sancionar hasta con 40 años de prisión a quienes violenten a las mujeres con ataques que incluyan ácido y otros materiales corrosivos.
Ley 3 de 3, aprobada en junio
Con estas reformas, Puebla se sumó a avances a nivel nacional que evitan la llegada de deudores alimenticios, violentadores en el ámbito familiar y en el político, a los cargos de elección popular.
Ley de la BUAP, aprobada en octubre
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) realizó por primera vez un ejercicio en el que los miembros de la comunidad propusieron reformas a la ley que ponen reglas a su estructura y se considera un avance histórico presentado por la casa de estudios y aprobado por la legislatura.
Ley Sabina, aprobada en noviembre
Esta ley también es una réplica de otras propuestas a nivel nacional y lleva el nombre de una menor, cuyo padre, un político, incumplió con la pensión alimenticia.
Con ella se ponen candados en los registros públicos para que los deudores no puedan contraer matrimonio y se integra un padrón de deudores.
Ley de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada en noviembre
Aunque también es una réplica de una ley a nivel nacional, en Puebla se realizaron consultas ciudadanas para identificar cómo se podrían garantizar espacios públicos más seguros para toda la pirámide de movilidad.
