Una víctima de violencia vicaria y activistas demandaron que la justicia en Puebla se aplique con perspectiva de género para concretar la segunda sentencia por ese delito.
Se trata del caso de Jesica Estrada, cuya ex pareja Rubén N. le ha negado el contacto con sus hijas desde hace dos años.
Aunque el fin de semana fue detenido como seguimiento a una denuncia por violencia vicaria, este miércoles 29 de marzo podría salir libre por decisión de los jueces.
A las afueras de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula donde se dará continuidad al proceso, Jesica Estrada e integrantes de la agrupación de Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria hicieron un recuento de las irregularidades en el proceso.
De acuerdo con los testimonios, en los últimos dos años Rubén N. interpuso una veintena de amparos con los que se ha buscado argumentar que las madre es peligrosa y no tiene capacidad de vincularse con las menores.
Ante estas acusaciones, Estrada ha tenido que recurrir a pruebas legales en las que se reconoce su situación psicológica y sus facultades para ejercer la maternidad.
Una irregularidad más que se señaló es que, aunque se logró que un juez reconociera la convivencia de las hijas con la abuela materna, Rubén N. ha presentado pretextos como justificantes médicos no creíbles.
Desde la perspectiva de la víctima y las activistas, en el juicio por violencia vicaria se debe de reconocer que el padre de las menores ha incurrido en declaraciones falsas y fraude en el proceso.
De lograrse una sentencia, Rubén N. sería el segundo sentenciado por este delito, luego del proceso que ganó la también activista Adriana Lezama en octubre de 2022.
En ese caso se reconoció que su expareja Ricardo N. violó su derecho como madre y el de un menor al negarles convivencia por seis años.
