Ante el pleno de la LXI Legislatura de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que no le temblará la mano en el combate al crimen y la renovación de mandos policíacos para impedir sus vínculos con la delincuencia.
Reiteró que en su gobierno no hay impunidad y que todo aquél que viole la ley será castigado.
"No vamos a parar ni a dejar a Puebla abandonada en manos de la delincuencia”, comentó en su mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno.
Indicó que ya en dos ocasiones hizo cambios en los mandos de seguridad y añadió que “no me temblará la mano si es necesario volver hacerlo”.
Informó que ha destinado una inversión de 4 mil millones de pesos para la compra de patrullas y armamento y se ha detenido a 2 mil delincuentes en estos tres años.
Agregó que se renovó y estructuró a las policías y Puebla pasó del lugar 6 al sitio 23 a nivel nacional en la lista de entidades inseguras.
Reiteró que seguirá su estrategia contra el robo de combustible.
Barbosa Huerta dijo que le preocupan los temas de violencia de género e intrafamiliar y otros que le reclaman en las calles como la despenalización del aborto, el cual, dijo, es un tema que sólo le corresponde decidir al Congreso del Estado.
En el combate a la corrupción añadió que se aplicará la ley contra quienes la violaron.
“Se acabaron los privilegios, nunca más habrá intocables por el tamaño de su riqueza o por las actividades a las que se dedican. Se está investigando y la ley se tiene que aplicar, aunque se llamen perseguidos políticos”, citó.
En su informe, que comprende del 1 de enero al 30 de noviembre del año 2021, reconoció que las regiones de Puebla viven un profundo estado de desigualdad en el acceso a la salud, la justicia, seguridad pública, bienestar, posibilidades de desarrollo, al trato igual, por lo que su gobierno tiene como único propósito disminuir esas brechas.
En materia de salud, destacó que Puebla es el estado que no tiene desabasto de medicamentos, y ha destinado 4 mil millones de pesos de recursos estatales para la lucha contra el Covid-19.
Abundó que ningún poblano se ha quedado sin atención médica, tanto que ha sido reconocido por la federación en ser número uno a nivel nacional en el combate al Covid-19 y se ha vacunado a más del 90 por ciento de la población.
En materia del transporte público dijo que se regulará todo el servicio, no habrá más concesiones, acabará con los grupos que hicieron del transporte un negocio y eliminará las unidades piratas.
Destacó que en su gobierno, nadie saldrá con concesiones y pronto se judicializarán casos contra quienes en el pasado tuvieron ese manejo.
Respecto a la educación indicó que se invierten 33 mil millones de pesos anuales, se tuvo especial combate al Covid-19 y espera que en enero del 2022 el 100 por ciento de los alumnos ya estén en clases presenciales.
Reiteró que su gobierno sigue siendo austero y por ello es que han podido seguir invirtiendo en el desarrollo del estado sin solicitar deuda, ni pedir recursos extras a la federación.
Se están renegociación las deudas del Centro Integral de Servicios (CIS), del Museo Internacional del Barroco, de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), con la empresa Audi, y otros.
“Me declaro lopezobradorista, leal a la Cuarta Transformación, apegado a la Constitución General de la Republica, la particular del estado, y las que de ellas emanen, con enorme responsabilidad a favor de los poblanos”, subrayó tras pronunciarse a favor de grupos vulnerables.
Además, se dijo satisfecho por ser un gobierno sin señalamientos de haberse metido a favor de candidatos y aseguró que nunca influirá en alguien para ser gobernador.
La postura de los partidos
Previo al mensaje del gobernador, los diputados locales fijaron su postura, siendo la más crítica la representante del Partido Acción Nacional (PAN), mientras que los demás emitieron un mensaje mesurado.
Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó que el gobernador no haya estado presente para escuchar los posicionamientos de los grupos parlamentarios de la LXI Legislatura.
Destacó que el estado de Puebla se encuentra en franco deterioro, y que existe un ataque sistemático dirigido desde el gobierno del estado en contra de algunas instituciones y empresas, universidades, sectores sociales y actores políticos, como los ataques a la BUAP, UDLAP y Coparmex.
Añadió que mientras el gobernador Miguel Barbosa gasta en contratar despachos públicos de abogados para la conformación de expedientes artificiosos y oficiosos a diestra y siniestra, deja de lado los casos de feminicidio y desaparición de personas.
Calificó de insensible al gobierno ante las necesidades de los poblanos, pues optó por un cobro excesivo de canje de placas en lugar de establecer políticas públicas para la reactivación de la economía.
Carlos Froilán Navarro, diputado por Pacto Social de Integración, expresó su voto a favor del Derechos al Alumbrado Público (DAP).
Fernando Morales Martínez, del partido Movimiento Ciudadano, dijo que se hay avances, pero falta atender problemas como la carencia de insumos y medicamentos.
Otro reto es la falta de conexión de internet en las escuelas del estado, mantenimiento a las carreteras estatales y en materia del campo falta mayor inversión, lo mismo que el nulo apoyo a las micro y pequeñas empresas.
Néstor Camarillo Medina, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que el gobierno del estado puede contar con el apoyo del PRI cuando beneficie a los poblanos, pero precisó que el Poder Legislativo no es empleado del Ejecutivo.
