Marko Cortés, dirigente nacional del PAN; Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI; y Jesús Zambrano, presidente del PRD, llegaron a Washington para denunciar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la intervención del crimen organizado en el pasado proceso electoral del 6 de junio.
Cortés, Moreno y Zambrano sostienen un encuentro con Luis Almagro, secretario general de la OEA, para denunciar la intromisión del crimen organizado “para favorecer a los candidatos de Morena”.
"Es momento de levantar la voz y de defender a México. Nuestro país tiene que seguir siendo una democracia en donde tu voz, mi voz y la de todos los mexicanos sea escuchada y tomada en cuenta. Es por eso que estamos aquí en la OEA para defender el interés superior de todas y todos los mexicanos", expresó Marko Cortés.
Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, refirió en redes sociales que la denuncia también incluye “las ganas del presidente por destruir a los órganos electorales”.
“No permitiremos que la democracia mexicana se ponga en riesgo”, señaló el líder del PRI.
El perredista Jesús Zambrano confío en que la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitan medidas de carácter precautorio para el gobierno mexicano de López Obrador “sobre la intervención del crimen organizado en el proceso electoral para favorecer a los candidatos de Morena, así como los ataques a las instituciones”.
Los dirigentes de los tres partidos que integran la coalición Va por México acudieron a Washington para entregar una denuncia en la que sustentan que México tuvo el pasado 6 de junio elecciones intervenidas, como nunca antes, por el crimen organizado, y para solicitar al organismo internacional que designe una comisión de observadores que otra vez visite nuestro país para investigar estos hechos.
La denuncia contiene una relatoría de homicidios, secuestros, levantones, intimidación a candidatos y ciudadanos, y coerción para ejercer el voto. Va por México señala que se registraron mil 66 delitos y agresiones de tipo político en casi todo el país, exponiendo los casos ocurridos en siete estados, y que costaron la vida a 36 aspirantes a un cargo de elección popular.
El documento, de 57 páginas, hace referencia a siete casos emblemáticos de la violencia criminal en las elecciones del pasado 6 de junio: Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y San Luis Potosí.