El denominado Plan B de la Reforma Electoral fue aprobado esta madrugada en el Congreso de la Unión con 261 votos a favor, 216 en contra y cero abstenciones, críticas e incluso llamados a reclamar su inconstitucionalidad.
Su contenido e impacto ha sido detallado por autoridades federales, detractores de la oposición y activistas en materia electoral.
El Plan B presentado como propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue denominado así ante la negativa en la Cámara de Diputados a la propuesta original de Reforma Electoral.
De acuerdo con el titular de la secretaría de gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, esta segunda propuesta no modifica la Constitución, pero sí otro grupo de leyes.
Estas son la Ley General de Procesos e Instituciones Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Según lo planteado por el funcionario y reclamado por los partidos de oposición, se deja a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) sin la facultad para administrar el gasto y se instituye a cinco consejeros designados por el Congreso para ello.
Con las reformas también se prevé que se reduzcan hasta 5 millones de pesos en gastos del organismo durante el primer año tras la aprobación, pues se toman medidas como evitar la duplicidad de funciones y disminuir de 300 a 264 las oficinas distritales.
Las modificaciones, por otro lado, incluyen temas polémicos como que el instituto y los magistrados de tribunales electorales no impongan criterios para anular candidaturas a fin de garantizar la libre participación y también se modifica la fecha de arranque del proceso electoral de 2024 para noviembre de 2023.
Asimismo, se destacan factores como facilidades para que los migrantes voten en el extranjero, para que se suprima la entrega de monederos electrónicos en las campañas electorales y para que en el futuro se implemente el voto electrónico.
Por otro lado, activistas como los de la organización Laboratorio Electoral que analiza procesos en México y el continente, destacaron en sus redes sociales que el Plan B tiene tres ejes fundamentales.
El primero es el Ejercicio de los Derechos Políticos Electorales al garantizar el voto de personas en prisión preventiva, con discapacidad o postración que requieran registrarse en el extranjero y también da garantías en las cuotas de inclusión de las candidaturas.
El segundo eje que aborda el laboratorio es el Sistema Nacional Electoral al señalar que se reduce y rediseña la estructura de autoridades, que desaparece la Sala Regional Especializada acotando la interpretación de sanciones y que también desaparece el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para que los cómputos inicien el mismo día del proceso electoral.
Mientras que en el tercer eje de Justicia Electoral destacan el rediseño de los medios de impugnación con los que hasta ahora se trabaja en México para gestionar las quejas y sanciones.
Al margen del contenido propuesto, el Plan B fue polémico pues se señaló que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) negociaron su voto a favor con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para garantizar la mayoría necesaria.
De acuerdo con diputados de partidos que integran el bloque Va por México y de Movimiento Ciudadano (MC), los partidos aliados de la Cuarta Transformación negociaron que se disminuyan los votos necesarios para garantizar el registro y que se den garantías a los partidos aliancistas en la forma como aparecen en las boletas electorales, entre otros temas.