El Congreso del estado dejó en el olvido un punto de acuerdo que busca que municipios que pidieron el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en sus leyes de ingresos de 2022, transparenten el destino de los recursos.
La propuesta fue presentada por el diputado del Partido del Trabajo (PT), Miguel Huerta Rodríguez, el pasado 10 de noviembre y fue turnada a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal en donde sigue en análisis.
La falta de una resolución para realizar este llamado a la transparencia ocurre mientras el Congreso del estado ya aprobó para 2023 una lista de 153 ayuntamientos que están facultados para cobrar el DAP.
Incluso, esta aprobación realizada la semana pasada en una sesión extraordinaria confrontó a los legisladores en el pleno.
Por un lado, hubo quienes defendieron la facultad de los gobiernos municipales para hacerse de ese recurso para pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo que cuesta mantener las luminarias.
Mientras que un grupo menor de diputados señaló que es un cobro más que se carga a los ciudadanos en un entorno de crisis económica y cuando en algunos casos no cuentan no con servicios públicos de calidad.
En el exhorto presentado por Huerta Rodríguez, destacó que era importante la transparencia sobre los ingresos y su uso, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconociera que es un cobro constitucional.
El documento pedía que además de que se informara en sus portales de transparencia municipal sobre el DAP, rindieran informes al Congreso y que en sus propuestas de leyes de ingresos para 2023 justificaran los cobros.