El Congreso de Puebla termina el 2022 con varios pendientes en la lista, algunos de los cuales están marcados por la presión social y otros que deberán quedar resueltos en 2023 por el cumplimiento de plazos.
De entre esos temas sin resolver se encuentran al menos tres que tienen que ver con los derechos de las mujeres: la despenalización del aborto, la sanción de ataques con ácido en los que ellas han sido las principales víctimas y la Ley Monzón.
En el caso del aborto, 2022 sumó tres proyectos de reforma y reclamos de colectivos feministas, algunos de los cuales incluso ganaron un amparo para evitar la criminalización.
Dos iniciativas son de los diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Angélica Cervantes González, Carlos Evangelista Aniceto, Daniela Mier Bañuelos, Iván Herrera Villagómez y Yolanda Gámez Mendoza y la otra de Mónica Silva Ruiz, del Partido del Trabajo (PT), que se presentó a coordinadores de bancada.
Durante el año se sumaron también cuatro propuestas para sancionar la violencia con ácido sin que se aprobaran, las cuales fueron presentadas por Néstor Camarillo Medina, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Aurora Sierra Rodríguez y Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Partido Acción Nacional (PAN) y la morenista Tonantzin Fernández Díaz.
En la legislación también se queda pendiente la denominada Ley Monzón presentada por Silva Ruiz en memoria de la activista Cecilia Monzón Pérez, presuntamente asesinada por su ex pareja, el priísta Javier N. y que busca dar garantías a menores de madres asesinadas.
En octubre también se delimitaron 120 días para expedir la Ley de Carrera Judicial del Estado, la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia del Estado y la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución del Estado.
Estas leyes que forman parte de la reforma al Poder Judicial deberán quedar listas en los últimos días de febrero y según estimaciones de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ya hay avances.
Por otro lado, en abril el Congreso deberá cumplir con un plazo para una consulta a las comunidades y pueblos indígenas para el desarrollo y elaboración de una ley secundaria sobre el sistema de justicia indígena.
Otras consultas ciudadanas pendientes son también a las comunidades indígenas para garantizar su inclusión en la Ley de Educación aprobada en la legislatura pasada, así como para aprobar una Ley de Movilidad.