Los gastos que le ha generado al Congreso de Puebla la realización de la consulta indígena para resolver los recursos de inconstitucionalidad no son claros pese a las obligaciones de ley.
El martes 11 de abril, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Castillo López, expuso un avance sobre el proyecto.
El mismo obedece a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre recursos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que criticó la falta de consultas a los pueblos indígenas para la creación de un instituto estatal y la Ley de Educación.
De acuerdo con lo expuesto por Eduardo Castillo hasta ahora se habían realizado 17 de 19 sesiones de preconsulta en municipios seleccionados para las actividades.
Según expuso, la coordinación ha tenido sus dificultades e incluso ha sido el gobierno del estado el que les ha prestado vehículos para atender estos encuentros.
Sin embargo, la información disponible sobre gastos oficiales que por ley debería publicar el Congreso en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no es clara al respecto.
En una consulta realizada se pudo observar que en 2022 publicaron 129 gastos y de ellos, solo ocho se relacionan con la consulta.
De 2023 aún no hay publicaciones aunque en abril deben transparentar lo relativo al primer trimestre.
Esos viajes se realizaron a la Ciudad de México para encuentros en la SCJN y la CNDH e implicaron inversiones de 250 a 772 pesos.