Luego del fallecimiento de una adolescente víctima de bullying que fue atacada a golpes por una compañera en Teotihuacán, Estado de México, en el Congreso de Puebla buscan aumentar sanciones por casos similares.
Así lo señala una propuesta de reformas al Código Penal, la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentadas por el diputado Oswaldo Jiménez López.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) plantea que en el código se aumente una tercera parte de la sanción en caso de que la agresión produzca lesiones y que se duplique la pena de homicidio por bullying.
También busca que se consideren sanciones para quienes, sabiendo de los riesgos de casos de acoso escolar, sean omisos y no den avisos a las autoridades.
En la iniciativa de reforma a la Ley de Educación se plantea que los padres de familia tienen derecho a dar seguimiento a estos casos de acoso y su prevención, mientras que en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se pretende fortalecer el derecho a la educación sin violencia.
En la exposición de motivos, Oswaldo Jiménez lamentó los hechos de Teotihuacán y recordó que estadísticas de organizaciones como Bullying sin Fronteras señalan que siete de cada 10 niños han sufrido acoso.
Asimismo, destacó que según investigaciones de los activistas, diario al menos un menor mexicano recurre al suicidio por los efectos del bullying.
El Congreso de Puebla mantiene actualmente congeladas otras dos iniciativas que buscan reformar la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla, cuyo análisis depende de la Comisión de Educación.
Una es de Aurora Sierra Rodríguez también del PAN presentada el 2 de junio del 2022, que especifica los tipos de acoso escolar y fija sanciones al personal del área de educación que los tolere, no intervenga ni informe de los hechos.
Mientras que el 13 de octubre del 2022, Eliana Cervantes González del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), planteó dar un carácter obligatorio al diseño y aplicación de programas para prevenir, atender, controlar y erradicar el acoso y la violencia escolar.
