El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se dijo confiado en que tras la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cobrar el Derecho de Alumbrado Público (DAP) en los municipios de Puebla se tome una decisión favorable para la administración capitalina.
Cuestionado sobre el tema en un acto del gobierno, dijo que lo que sigue después de esta resolución es que ya no se tengan pretextos en las aprobaciones de las leyes de ingresos municipales.
"¿Qué es lo que procede? Que bueno, ya no hay ningún impedimento para que en una futura decisión esto se pueda aprobar", recordó.
Tanto al gobierno de Puebla como a los de San Pedro y San Andrés Cholula, la mayoría del Congreso les negó la inclusión del cobro en sus leyes de ingresos, en contraste con el voto a favor para otras 144 municipios.
Esta decisión de los diputados llevó al gobierno de Rivera Pérez a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la misma SCJN del que esperan respuesta.
"Sabemos que está enlistada y en próximas semanas esperemos que pronto pueda ser resuelta también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación", agregó.
El presidente municipal emanado del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que fue su gobierno el que impulsó a otros ayuntamientos a considerar el cobro del DAP en sus leyes de ingresos.
Asimismo, calificó como un triunfo interinstitucional que la corte hubiera avalado los cobros como un derecho, como respuesta a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
"Sin excepciones es un triunfo de todos los diputados del Congreso del estado, del gobernador y de todos los presidentes municipales que aprobamos este derecho dentro de nuestra ley de ingresos", agregó.
Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta explicó que el Congreso del Estado aprobó 144 leyes de Ingresos en las que se incluyó el DAP, conforme a una fórmula propuesta por el Legislativo local, la cual contenía todas las previsiones constitucionales.
“El Ayuntamiento de Puebla mandó una fórmula distinta a la que sugirió el Congreso del estado y promovió una controversia constitucional para que los diputados la aceptaran, controversia que no ha sido resuelta por la SCJN", comentó.