El estado de Puebla no ha estado exento de jueces a los que se les señala de corruptos y tras varios casos polémicos, ya existe una vía digital para denunciarlos.
Un caso emblemático que se ventiló en 2019 fue el del ex juez penal de Cholula, José Refugio Alejandro León, quien supuestamente llevó a cabo juicios sin tener cédula profesional.
En 2021 se sumaron otros casos como el de Aarón Hernández Chino, señalado por presuntamente liberar a dos individuos vinculados con la violación de una menor o el de Álvaro Sarmiento Márquez, quien fue acusado de liberar a dos supuestos operadores del narcotráfico.
Tras estos casos fue apenas en octubre de 2022 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Puebla lanzó un micrositio en el que se puede dar seguimiento a irregularidades para frenar los sobornos en el link htsjpuebla.gob.mx/iso37001/denuncia/.
Para la denuncia se solicita especificar si se realiza o no de manera anónima; proporcionar un nombre, número de contacto y correo electrónico; datos del denunciado que incluyan su nombre completo y cargo, así como la descripción de los hechos.
De acuerdo con un aviso, en el caso de que la denuncia sea anónima se deben adjuntar archivos de prueba para dar seguimiento al proceso.
Las denuncias también se pueden realizar por vía telefónica al número 22 12 79 61 21 y se dispone de módulos para presentar formalmente una queja en las instalaciones de Ciudad Judicial.
El micrositio señala que el propósito del Poder Judicial es tener un Sistema de Gestión Antisoborno apegado a las mejores prácticas para garantizar una justicia libre de corrupción.
Según el portal, se busca que el proyecto que esté apegado a la legislación vigente y que permita frenar el dar, recibir, solicitar o autorizar incentivos que produzcan una ventaja en el desempeño de las funciones.
De acuerdo con la publicación, se tiene el compromiso de reportar cualquier conducta, actuación o evidencia que pueda vulnerar el cumplimiento de esta política.
Asimismo, se menciona el apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y el Código de Ética del Poder Judicial.
En los detalles sobre el proyecto se menciona que los sujetos de procedimientos de investigación serán sancionados según lo establecido en ordenamientos legales y que para hacer cumplir los propósitos se cuenta con una Unidad de Función de Cumplimiento.