Derivado del caso de Banco Accendo, por el boquete financiero atribuido a la administración de Miguel Barbosa, se informó que hay tres denuncias penales y cuatro administrativas. El titular de la Secretaría de la Función Pública, Juan Carlos Moreno, señaló lo anterior en el marco del informe de labores presentado hoy.
Hay dos denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y una más ante la Fiscalía Anticorrupción del estado de Puebla. Añadió que también hay cuatro denuncias administrativas en contra de exfuncionarios de la administración de Miguel Barbosa Huerta.
Expresó: “en el tema de denuncias con nosotros, por responsabilidades administrativas, suman cuatro. Dos del año pasado, que son las que generaron estas presuntas responsabilidades administrativas, y dos más que ingresaron este año, las cuales están en análisis para determinar si corresponden a las mismas causales o si se abren nuevas líneas de investigación”.
Indicó que, debido a que los procedimientos están en desarrollo, está impedido de precisar nombres, pero apuntó que se trata de ex servidores públicos.
Sobre el proceso, explicó que ya se agotaron las comparecencias de los exfuncionarios, quienes presentaron sus pruebas. “se determinó integrar el informe y remitirlo al tribunal de justicia administrativa, y ellos siguen su propio cauce. Desde luego, los implicados tendrán todas las herramientas en esa instancia para presentar sus pruebas y alegatos en su defensa”.
El caso de Banco Accendo
En enero de 2024, al comparecer ante el Congreso estatal, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, señaló que el gobierno de Puebla ya había presentado las denuncias correspondientes por el presunto hoyo financiero de más de 600 millones de pesos, derivado de la fallida inversión en Accendo Banco durante la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta.
Precisó que las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Función Pública estatal (SFP). Sin embargo, no mencionó que en las denuncias estuviera implicada la extitular de la dependencia, María Teresa Castro Corro.
