Dentro del Poder Legislativo, una de las actividades que se cuestiona es la de los cabilderos, pese a estar contemplados por ley.

La figura está reconocida en la Ley Federal para Regular la Actividad Profesional de Cabildeo y la Promoción de Causas y el Congreso de la Unión tiene incluso un registro de ellos.

La ley busca regular y controlar las actividades profesionales de cabildeo legislativo tanto en San Lázaro como en el Senado y así define al cabildero:

"... la actividad profesional remunerada desarrollada por personas físicas o morales en representación de terceros, que tenga por objeto la promoción de intereses y objetivos legítimos de entidades u organizaciones privadas o públicas frente a los órganos del Congreso de la Unión, que se traducen en productos legislativos conforme a las leyes, los reglamentos y la práctica parlamentaria", señala la ley.

En términos prácticos, un cabildero es una persona o una empresa que desarrolla un proyecto para promover una legislación a favor o en contra de los intereses que representan.

Cada uno de ellos, dependiendo de su especialidad o la empresa que representan, gana entre 150 mil pesos y 1 millón de pesos.

En el Congreso de la Unión actualizan en cada legislatura las bases para participar como cabildero y las listas de personas físicas y morales aprobadas.

Actualmente se considera un listado de 164 personas morales, quienes son personas que en lo particular acreditaron los requisitos para participar en las negociaciones de las reformas de ley federales.

En tanto que en la lista de personas físicas hay actualmente 107 registros, entre los que se observan consejos, cámaras, organizaciones no gubernamentales y empresas.

Entre estas últimas hay desde empresas pequeñas hasta de alcance internacional como Facebook, PepsiCo y Samsung, así como otras que representan sectores como el de las nuevas energías.

Algunos de los casos más polémicos donde han intervenido los cabilderos se han dado en torno a la industria del tabaco y las medidas para restringir su consumo.

En el área de la salud, investigadores como Alejandro Madrazo-Lajous, han abordado el tema, como lo hizo en el 2004 con el artículo "Estrategias de la industria tabacalera en México para interferir en las políticas de control del tabaco".

De acuerdo con el autor, en ese año del sexenio de Vicente Fox Quesada aumentaron las restricciones a la industria y con ello, la participación de cabilderos para impactar en decisiones sobre los costos y promoción.

Según el autor, estos gestores también comenzaron a tener impacto en otras industrias como la refresquera, a la que también se han impuesto restricciones.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto fue pública la participación de cabilderos para frenar algunas propuestas de la reforma fiscal, mientras que con Andrés Manuel López Obrador se criticó su participación para frenar la reforma energética.

Recientemente, los activistas en materia de movilidad criticaron que la industria automotriz utilizara cabilderos para que en la ley en la materia no se consideraran mayores medidas de seguridad en los automóviles.

El concepto de los cabilderos también se considera en los congresos de algunas entidades como la Ciudad de México, Guanajuato, Tlaxcala y Veracruz, donde cuentan con padrones y sistemas de profesionalización.

Sin embargo, no es una generalidad y en casos como el de Puebla sólo se han tenido propuestas como una reciente iniciativa de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Aurora Sierra Rodríguez, que busca ampliar la participación ciudadana e incluir la figura de cabilderos.

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