El Congreso de Puebla aún enfrenta resoluciones de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por aprobar reformas discriminatorias.
En 2022, el Congreso local ya tenía casi una veintena de resoluciones de magistrados que pidieron a los diputados poblanos corregir las reformas que fueron impugnadas por la Comisión Nacional de que fueron declaradas como inconstitucionales.
Aunque a algunas de estas observaciones ya dieron respuesta, en otras aún no la ha habido e incluso superaron los tiempos previstos.
Por si fuera poco, en marzo del 2023 se sumó un recurso más, pues la SCJN resolvió que la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo tenía artículos sobre responsabilidades administrativas que resultaban inconstitucionales.
A la actual legislatura también le tocó recibir observaciones sobre la Ley de Búsqueda de Personas de Puebla aprobada al final del periodo anterior.
En marzo de este 2023 venció el plazo para que votaran adecuaciones al Código Civil estatal por no dar a las infancias transgénero el derecho a cambiar su nombre en las actas de nacimiento.
Por otra parte, las consultas ciudadanas para recuperar las perspectivas de los grupos vulnerables en la ley que creó el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas todavía no se concreta a más de media legislatura.
En el pasado, al Poder Legislativo también se le señaló por aprobar cobros excesivos en las leyes de ingresos municipales, por excluir a las personas del mismo sexo en los matrimonios y por imponer condiciones discriminatorias en la designación de funcionarios.