Con 35 votos a favor, el Congreso de Puebla aprobó la denominada Ley 3 de 3 que desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos busca evitar la llegada de los violentadores al poder.
Esto, al limitar los derechos políticos de quienes enfrentan procesos por violencia, agresión o como deudores alimentarios, por lo que no podrán ser postulados ni electos para un cargo popular o público.
La propuesta fue aprobada primero en el Congreso de la Unión y en el Senado, pero como se trata de una modificación constitucional se requería también el aval de más de la mitad de los congresos locales.
Esto ya se había concretado desde el miércoles 17 de mayo con las aprobaciones en los congresos de Baja California Norte, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Guanajuato.
La aprobación en Puebla se suma al mínimo requerido para modificar la Constitución y se espera que el Senado publicite el aval para que el presidente lo publique en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con la diputada federal poblana del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una de las impulsoras de la ley, Blanca Alcalá Ruiz, este proceso se deberá de completar antes del 1 de junio para que entre en vigor para el proceso electoral de 2024.
En las intervenciones de la sesión en el Congreso de Puebla donde se dio la votación destacó el posicionamiento de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz.
La también activista feminista destacó que esta ley evita la llegada al poder de políticos que en la esfera privada no cumplen los derechos de las personas más cercanas como sus propios hijos.
